La retención del 1,5% a las billeteras digitales

El Ministerio de Hacienda aclaró que el cobro del 1,5 % a los pagos realizados por plataformas como Nequi, Daviplata, Powwi, Movii, entre otras, no constituye un nuevo impuesto, sino una retención en la fuente que busca equiparar el tratamiento tributario de estos medios con el de las tarjetas débito y crédito. En apariencia, se trata de una nivelación técnica. En la práctica, puede convertirse en un retroceso silencioso para la inclusión financiera digital.

Durante los últimos años, el país avanzó en formalizar el acceso al sistema financiero a través de estas aplicaciones. Millones de colombianos, especialmente jóvenes, trabajadores informales y pequeños comerciantes, encontraron en las billeteras digitales un canal rápido, sin costo y sin trámites bancarios. Fue una puerta de entrada al sistema financiero, no una fuente de evasión.

La medida, aunque jurídicamente sustentada, confunde equidad con igualdad mecánica. Equiparar la retención de una tarjeta bancaria tradicional con la de una aplicación móvil ignora que los usuarios no son los mismos ni las operaciones equivalentes. Las tarjetas son instrumentos de crédito o débito bancario; las billeteras digitales, en cambio, son herramientas de supervivencia económica para una población que apenas comienza a bancarizarse.

Desde el punto de vista del derecho tributario, el principio de proporcionalidad exige que las cargas fiscales se ajusten a la capacidad económica del contribuyente. Aplicar el mismo porcentaje de retención a operaciones que difieren en naturaleza y magnitud vulnera ese principio y termina castigando al segmento que más debería protegerse.

Además, la medida introduce un riesgo operativo: distinguir cuándo un movimiento digital corresponde a la venta de un bien o servicio y por tanto sujeto a retención y cuándo se trata de una simple transferencia personal. Esa frontera, en la práctica, es difusa. El resultado previsible es una sobrerretención que luego el contribuyente deba reclamar en su declaración de renta, con más burocracia y menos liquidez.

El argumento de Hacienda, centrado en la neutralidad de los medios de pago, omite un detalle esencial: las billeteras digitales no son un lujo financiero, son la única alternativa para quienes no tienen acceso a la banca tradicional. Gravar su uso puede devolver a muchos al efectivo, debilitando una de las políticas más importantes de los últimos años: la reducción del dinero físico y la formalización digital.

Colombia necesita ampliar la base tributaria, y no discutirlo sería ingenuo. Pero hacerlo a costa de la confianza en los medios digitales es un error estratégico. La igualdad fiscal no puede medirse con la misma regla para realidades desiguales. Un país moderno recauda sin apagar la innovación ni desalentar al ciudadano que, por fin, decidió formalizar sus ingresos.

En tiempos en que la economía digital se presenta como motor de crecimiento, imponer un costo adicional a las billeteras electrónicas es como ponerle peaje a la autopista de la inclusión financiera. Técnicamente puede justificarse. Políticamente, es un mal mensaje.

Greyson Gómez / Director Coafico

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